Auditoría Superior del Estado aprobó la cuenta pública de Eleazar Pérez Sánchez, ex edil del municipio de Atlixco

Nota escrita por Redacción       Foto Cortesía

Los gobiernos federales, estatales y municipales una vez que el pueblo eligió quién los regirá, reciben recursos económicos para trabajar en sus jurisdicciones y por ello existe la Auditoría Superior del Estado, misma institución se encarga de supervisar los gastos empleados por los gobernantes desde el millón de pesos otorgado hasta el centavo en caso de haber sido gastado o no.

Es así que durante la sesión pública del tercer periodo ordinario de la Legislatura LIX, los diputados aprobaron la cuenta pública de los exalcaldes que no habían comprobado la aplicación de los recursos ante la Auditoría Superior del Estado comprendido del año 2011 al 2015, entre ellos, el ex edil de Atlixco, Eleazar Pérez Sánchez, quien actualmente funge como coordinador general de Desarrollo Regional, de la Subsecretaría de Desarrollo Rural en el estado de Puebla.

Cabe recordar en el periodo de 2008 a 2011 se aprobaron las primeras tres cuentas públicas de ese tiempo, sin embargo, faltó la cuarta cuenta comprendida de los últimos 45 días de la administración, precedida por Pérez Sánchez, en aquel entonces alcalde del municipio de Atlixco.  El importe ascendió al millón 803 mil pesos; balance que fue aprobado en días pasados por los diputados locales.

El Coordinador General de Desarrollo Regional, de la Subsecretaría de Desarrollo Rural en el estado de Puebla, no fue al único que se le aceptara la cuenta pública. Ocho presidentes municipales también se les aceptaron las cuentas con favorables respuestas, y es que en medio de tanta aprobación se adjuntaron 8 procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades y dos Recursos de Revocación, donde se deslindó a los ocho alcaldes por rendir gastos satisfactoriamente.

Por último, fue al ex alcalde de Tepeyahualco, Antonio López González, a quien se le fijó una sanción económica por 201 mil 575 pesos, la restitución de 842 mil 300 pesos por daño patrimonial y la inhabilitación por 5 años 6 meses, todo lo anterior por no haber rendido bien las cuentas de su mandato y de su pueblo.